La SF481 facilita el trabajo en conjunto entre las autoridades locales e Inmigración.
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La SF481 facilita el trabajo en conjunto entre las autoridades locales e Inmigración.

La SF481 facilita el trabajo en conjunto entre las autoridades locales e Inmigración.

Estamos a escasos días de que entre en vigencia una nueva ley que afectará a muchas familias en el estado de Iowa.

Se trata de la ley anti-inmigrante SF 481, aprobada por el Senado luego convertida en ley por la gobernadora Kim Reynolds, y que busca incrementar el poder de las autoridades en temas de inmigración en el estado, para lograr la captura, arresto y deportación de inmigrantes indocumentados.

La nueva ley prohibirá a las entidades, funcionarios gubernamentales, estatales y locales, en Iowa, adoptar políticas “santuario”, para proteger a inmigrantes indocumentados.

Esta nueva ley podría propiciar una relación cercana y trabajo en conjunto entre las autoridades locales e Inmigración.

Cabe resaltar que desde hace varios meses atrás, la cárcel de Polk County hace una llamada de cortesía a ICE cuando una persona sin documentos ingresa a la cárcel del condado.  Esta es una práctica interna de la cárcel que no esta por escrito ya que la cárcel  no tiene ningún acuerdo por escrito por ICE.   Es un práctica que lamentablemente está separando a más familias y sobretodo pone al borde de la deportación a personas sin ningún historial criminal. Con esta nueva ley que entra en vigencia, no habrá mucho que se podrá hacer en caso de que esta práctica interna continúe en la cárcel de Polk County a no ser que alguna demanda o que el fiscal de Iowa la paralice.

Lo que sigue sin estar claro es, como las entidades locales aplicarán esta nueva ley ya que tienen hasta el 1 de Enero del 2019 para presentar las políticas de como la aplicarán, pero lo que si esta claro es que esta nueva ley  alterará la tranquilidad de el día a día de los latinos que viven en Iowa.

La ley es clara y precisa y aquí les presentamos lo que se incluye:

 

La entidad local “no puede” adoptar o hacer cumplir una política ni tomar ninguna otra medida “que” prohíba o desaliente el cumplimiento de las leyes de inmigración”.

Las entidades locales no pueden prohibir o desalentar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley u otros empleados de “ayudar o cooperar con un funcionario de inmigración federal como sea razonable o necesario, incluida la prestación de asistencia policial”.

Las entidades locales no pueden prohibir ni desalentar a las fuerzas del orden u otros funcionarios para que investiguen sobre el estado migratorio de una persona que se encuentra bajo arresto, compartir esa información con otras autoridades o ayudar a los oficiales de inmigración federales como razonables o necesarios.

Las entidades locales y sus empleados no pueden preguntar sobre el origen nacional de una persona que es víctima de un delito, testigo de un delito o que de otro modo informa un delito a menos que sea pertinente para la investigación.

Cada agencia estatal o local de cumplimiento de la ley sujeta a los nuevos requisitos debe poner por escrito cualquier política no escrita o informal relacionada con la aplicación de las leyes de inmigración y actualizar esas políticas para cumplir con la nueva ley.

Aquellas personas que hacen cumplir la ley “no considerarán raza, color de piel, idioma hablado u origen nacional” mientras lo hacen.

Las entidades que incumplan con alguna de estas reglas podrían perder fondos Estatales.

 

El Archivo Senatorial 481, también conocido como el proyecto de ley contra las ciudades santuario, crea un proceso por el cual las comunidades pueden ser castigadas por no cooperar completamente con las autoridades federales de inmigración. Específicamente, el estado puede revocar el financiamiento, si las quejas son validadas.

Esta nueva ley dará mayor discreción y poder a los agentes locales en temas de inmigración, a pesar del aumento de la responsabilidad legal y la carga del contribuyente.

Cuatro días antes de que la gobernadora Kim Reynolds firmara la medida, la administración Trump implementó una nueva política de inmigración de “tolerancia cero”, que el fiscal general de los EE. UU., Jeff Sessions, dijo que “reemplazará cualquier política existente”. Como resultado, entre el 19 de abril y el 31 de mayo, casi 2.000 niños migrantes fueron separados de sus padres, dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional en una reciente conferencia telefónica con reporteros.

Sin considerar cómo este cambio en el panorama de la inmigración federal podría afectar a los agentes de la ley y las comunidades de Iowa a las que sirven, los legisladores y el gobernador Reynolds convirtieron este proyecto de ley en ley. Lo hicieron a pesar de las objeciones de las agencias de aplicación de la ley y los defensores de los derechos civiles porque era políticamente conveniente: antes de que el proyecto de ley obtuviera la aprobación en el Statehouse, Reynolds lo utilizó como campaña para recaudar fondos.

 

La Ley

Post source : Conexión Latina

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